Fue muy significativo que el derecho fundamental de libertad religiosa fuera el primero de los contenidos en la Constitución que tuvo desarrollo legal: la LOLR de 1980. También lo fue que concitó el mayor apoyo parlamentario: sin votos en contra, sólo se registraron cinco abstenciones en su aprobación. Tuvo la virtud de abrir cauce tan tempranamente para el complejo diseño que la Constitución había establecido sobre el tratamiento del fenómeno religioso, que por primera vez en cuarenta años de dictadura podía desarrollarse en libertad. La Ley fue una auténtica novedad. De amplia vigencia, sirvió de modelo para otros ordenamientos, de modo que alcanzó cierto éxito internacional.
Como suele suceder en las normas generales, especialmente cuando se trata de abrir caminos nuevos, su vigencia no estuvo exenta de problemas. Doctrina y jurisprudencia tuvieron que aplicarse a poner en claro, entre otras cuestiones, el difuso concepto de fines religiosos, el alcance de la inscripción registral o la indeterminación del novedoso concepto de notorio arraigo. Pero es indiscutible que la Ley fue la palanca en la que se apoyó la cooperación constitucional, una de las aportaciones más importantes del nuevo modelo de relación con el factor religioso que se construyó en 1978 y que tuvo su contraste en los pactos confesionales de 1992, que no hubieran podido concluirse sin la vigencia de ley.
La significación de la LOLR no está reñida con la necesidad de su reforma. La secularización de la sociedad española, que ha integrado el pluralismo ideológico y religioso bajo la vigencia de una laicidad abierta, exige una puesta al día de la Ley que desarrolle en todos sus términos el derecho fundamental de libertad ideológica y religiosa y que sitúe adecuadamente la posición de la religión en el espacio público. Es el desafío que tiene por delante el legislador. La modernización de los contenidos de la norma asegurará la vigencia de los principios que de manera tan significativa introdujo la LOLR, cuyos cuarenta años de vigencia conmemoramos en estas fechas.
Gustavo Suárez Pertierra. Director General de Asuntos Religiosos (1982 – 1984)